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ARGENTINA SE TIÑE DE VERDE: CUÁLES Y CÓMO SON LAS LEYES Y PROYECTOS EN TODO EL PAÍS, TRAS LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 27.350

La regulación del cannabis, sobre todo para su uso medicinal, ha ganado terreno en Argentina en el último tiempo, con los activismos regionales y provinciales a la cabeza. Pero esta última semana los cambios se aceleraron cuando el gobierno nacional, a través del Decreto 388/2020, amplió los alcances de la Ley 27.350, de carácter restrictivo, y se puso al frente de una serie de demandas que habían sido postergadas.

De este modo, habilitó el cultivo personal, solidario y colectivo, una demanda de organizaciones civiles y de familias de pacientes que lo utilizan para enfermedades, dolencias o trastornos. Las personas que quieran acceder al cultivo deberán pedir la autorización al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), con indicación médica. También lo podrá hacer un tercero (familiar u organización habilitada).

Con la medida, el Estado se acercó más a los pedidos del sector, relegados en años anteriores por políticas centradas en la seguridad y la criminalización antes que en el cuidado de la salud. En 2017, el gobierno anterior sancionó la Ley 27.350 -a la que adhirieron todas las provincias a excepción de Córdoba y Formosa-, y estableció el uso terapéutico del cannabis, pero solo para atender la epilepsia refractaria en niños y jóvenes adultos.

En este sentido, otros puntos destacados son, por un lado, la ampliación de las patologías previstas. Y, a su vez, se garantiza el acceso al cannabis medicinal a través de la cobertura de obras sociales, prepagas o, en su defecto, se encargará el Estado de forma gratuita. Por otro, se podrá optar también por la compra en farmacias de fórmulas magistrales o acceder a los productos mediante su importación. El Estado impulsará también la producción pública y la investigación científica y clínica.

El desarrollo de la industria en sus distintas facetas depende de la regulación legal para su crecimiento, como ocurrió en países como Canadá, Colombia, Uruguay y once jurisdicciones estadounidenses (podrían sumarse en breve muchas más). La regulación del Estado, que implica el control de la producción, distribución y condiciones del consumo, sienta las bases para la proliferación de una actividad con múltiples usos de tipo industrial (textil, cosméticos, bioenergías, construcción, bioplásticos, entre otros).

Los proyectos de alcance nacional

A la par de la nueva reglamentación, a nivel nacional otra vía para leyes más abarcativas es el trabajo legislativo. La diputada oficialista Carolina Gaillard ingresó a la cámara baja un proyecto de ley hace dos semanas que promueve un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización del cannabis medicinal. La diputada llamó a “crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, aseguró.

Gaillard dijo a Industria Cannabis que el proyecto se podría tratar en febrero en comisión, para luego llevarlo al recinto. Indicó que existe la voluntad política de hacerlo de parte de las autoridades del bloque oficialista.

Otro proyecto de reciente ingreso a la Cámara Baja es el de la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, que apunta a impulsar el cultivo y desarrollo productivo del cáñamo industrial. La iniciativa cuenta con el respaldo de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca (este último sería su autoridad de aplicación). Busca habilitar las distintas actividades de la cadena productiva y comercial de la planta de cáñamo, sus extractos y productos. “Este proyecto busca posicionar a la Argentina como un país productor de cáñamo industrial”, afirmó la legisladora.

“Harémos lo máximo que podamos sobre las semillas de cáñamo para sembrarla por todas partes”

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